Aldea Local: Calidad universitaria, Sección: Carta al Director La Prensa Austral
Me permito publicar una carta enviada por el Científico y Académico de la Universidad de Magallanes, Sr. Bedrich Magas, la cual me pareció muy interesante.
Señor Director: Mediante carta del 10 de agosto de 1988, el general de Ejército (R) Guillermo Letelier Skinner (entonces vicepresidente de Corfo, hoy cuestionado ex director de Famae vinculado al tráfico de armas a Croacia), determinó la “renuncia de Corfo a su calidad de miembro activo del Instituto Nacional de Capacitación”.
Creado por el ex Presidente Frei en 1966 con el aporte de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra y Suiza, el objetivo original de Inacap era la capacitación de los trabajadores entendida como una función pública. Sin embargo, desde 1980 el gobierno chileno dispuso que debía autofinanciarse y poco a poco le fue retirando el apoyo económico, teniendo a fines de esa década 14 mil alumnos, 19 sedes y una marca conocida.
El informe de la Comisión Investigadora de las Privatizaciones 1973-90 de la Cámara de Diputados consigna la inclusión de dos nuevos socios que pasaron a ser dueños de Inacap: la Confederación de la Producción y del Comercio, y la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social, propiedad de la misma máxima entidad patronal de los grandes empresarios de Chile. La condición fue que Inacap se comprometía a “impartir educación gratuita a las personas que Corfo libremente determine” durante 13 años desde 1990. El patrimonio de Inacap en ese entonces era de 4.000 millones de pesos, y los firmantes dejaron constancia que los “servicios educacionales” tendrían un valor equivalente a unas 78 mil unidades de fomento (347 millones de pesos de la época), ni el 10% de ese patrimonio fiscal transferido a los grandes empresarios. Entonces, nadie lo pudo cuestionar.
Hoy, muy pocos lo conocen. Y por lo visto, es caso cerrado. Ese convenio significó, además, el fin de la actividad del Estado de Chile en la enseñanza técnico profesional, dejando de ser un instituto de capacitación dirigido a los obreros y trabajadores especializados. Ahora, los empresarios se quejan por falta de técnicos de nivel medio que les solucionen los problemas -y no sean muy caros de contratar- luego que ellos mismos desvirtuaran al organismo que los capacitaba, tras recibirlo de regalo.
Actualmente, el grupo Inacap cuenta con 26 sedes, un instituto profesional y varios centros de formación técnica, posee inmobiliarias (se arriendan los edificios a sí mismos y lo cargan a gastos, pues “no tienen fines de lucro”), dispone de una serie de sociedades relacionadas, y en 2005 matriculó a casi 48 mil alumnos. En agosto del 2005, el grupo Inacap (controlado desde un comienzo por la Udi) le compró al ex ministro Fernando Léniz e hijos el 60% de la atribulada Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, y por esa vía -saltándose los en democracia severos requisitos del Consejo Superior de Educación para toda nueva universidad- lograron ser “universidad autónoma”, sólo rebautizándola como Universidad Tecnológica de Chile. Todo legal y grato a la vista. Inacap creció mucho, tiene mucha influencia ideológica, además de económica y técnica, está llegando por todos lados en el país.
Mientras el sector público, es decir la Universidad de Chile y de Santiago, no puede tener universidades nacionales, los grandes empresarios sí pueden hacerlo. ¿Y si no fuese negocio, lo harían igual? ¡Qué fácil es ser privado con plata fiscal, en un sistema bien amarrado entonces, al ser jueces y partes a la vez! Por eso, cuando se afirma que la corrección de “la escandalosa inequidad existente en Chile” se resuelve simplemente otorgando mayor acceso a la educación, conviene recordar que una educación superior -controlada por los mismos hombres de negocios que concentran el poder económico- sí que tiene fines de lucro, y por lo tanto sus utilidades no debieran ser avaladas por el fisco. Porque sino, la inequidad en vez de reducirse, arriesga perpetuarse. Es que la redistribución del ingreso y la estrategia de educación que el país realmente necesita nunca han sido -ni serán- misión del sector privado, sino del Estado: es suya la responsabilidad de garantizar la calidad del desarrollo nacional y la justicia social para con sus habitantes, incluyendo la educación y la calidad universitaria.
La equidad también necesita reglas claras: quién desee estudiar una misma carrera en cualquier universidad, antes debiera dar un mismo examen de selección (existen en Chile 3.600 carreras diferentes). Y quién administre dineros fiscales, antes debiera aceptar la misma fiscalización que la Contraloría ejerce sobre las 17 Universidades Estatales. Es decir, la equidad se obtiene exigiéndola efectivamente. Tal como... los impuestos. Sólo entonces se podrán comparar equitativamente las 59 universidades existentes en Chile, y opinar con más justicia sobre la calidad universitaria de la Universidad de Magallanes.
Le saluda muy atentamente,
Bedrich Magas Kusak
Ing. Civil Electricista
Universidad Técnica del Estado
Cartas al Director Diario La Prensa Austral
Lunes 28 de mayo de 2007
Señor Director: Mediante carta del 10 de agosto de 1988, el general de Ejército (R) Guillermo Letelier Skinner (entonces vicepresidente de Corfo, hoy cuestionado ex director de Famae vinculado al tráfico de armas a Croacia), determinó la “renuncia de Corfo a su calidad de miembro activo del Instituto Nacional de Capacitación”.
Creado por el ex Presidente Frei en 1966 con el aporte de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra y Suiza, el objetivo original de Inacap era la capacitación de los trabajadores entendida como una función pública. Sin embargo, desde 1980 el gobierno chileno dispuso que debía autofinanciarse y poco a poco le fue retirando el apoyo económico, teniendo a fines de esa década 14 mil alumnos, 19 sedes y una marca conocida.
El informe de la Comisión Investigadora de las Privatizaciones 1973-90 de la Cámara de Diputados consigna la inclusión de dos nuevos socios que pasaron a ser dueños de Inacap: la Confederación de la Producción y del Comercio, y la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social, propiedad de la misma máxima entidad patronal de los grandes empresarios de Chile. La condición fue que Inacap se comprometía a “impartir educación gratuita a las personas que Corfo libremente determine” durante 13 años desde 1990. El patrimonio de Inacap en ese entonces era de 4.000 millones de pesos, y los firmantes dejaron constancia que los “servicios educacionales” tendrían un valor equivalente a unas 78 mil unidades de fomento (347 millones de pesos de la época), ni el 10% de ese patrimonio fiscal transferido a los grandes empresarios. Entonces, nadie lo pudo cuestionar.
Hoy, muy pocos lo conocen. Y por lo visto, es caso cerrado. Ese convenio significó, además, el fin de la actividad del Estado de Chile en la enseñanza técnico profesional, dejando de ser un instituto de capacitación dirigido a los obreros y trabajadores especializados. Ahora, los empresarios se quejan por falta de técnicos de nivel medio que les solucionen los problemas -y no sean muy caros de contratar- luego que ellos mismos desvirtuaran al organismo que los capacitaba, tras recibirlo de regalo.
Actualmente, el grupo Inacap cuenta con 26 sedes, un instituto profesional y varios centros de formación técnica, posee inmobiliarias (se arriendan los edificios a sí mismos y lo cargan a gastos, pues “no tienen fines de lucro”), dispone de una serie de sociedades relacionadas, y en 2005 matriculó a casi 48 mil alumnos. En agosto del 2005, el grupo Inacap (controlado desde un comienzo por la Udi) le compró al ex ministro Fernando Léniz e hijos el 60% de la atribulada Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, y por esa vía -saltándose los en democracia severos requisitos del Consejo Superior de Educación para toda nueva universidad- lograron ser “universidad autónoma”, sólo rebautizándola como Universidad Tecnológica de Chile. Todo legal y grato a la vista. Inacap creció mucho, tiene mucha influencia ideológica, además de económica y técnica, está llegando por todos lados en el país.
Mientras el sector público, es decir la Universidad de Chile y de Santiago, no puede tener universidades nacionales, los grandes empresarios sí pueden hacerlo. ¿Y si no fuese negocio, lo harían igual? ¡Qué fácil es ser privado con plata fiscal, en un sistema bien amarrado entonces, al ser jueces y partes a la vez! Por eso, cuando se afirma que la corrección de “la escandalosa inequidad existente en Chile” se resuelve simplemente otorgando mayor acceso a la educación, conviene recordar que una educación superior -controlada por los mismos hombres de negocios que concentran el poder económico- sí que tiene fines de lucro, y por lo tanto sus utilidades no debieran ser avaladas por el fisco. Porque sino, la inequidad en vez de reducirse, arriesga perpetuarse. Es que la redistribución del ingreso y la estrategia de educación que el país realmente necesita nunca han sido -ni serán- misión del sector privado, sino del Estado: es suya la responsabilidad de garantizar la calidad del desarrollo nacional y la justicia social para con sus habitantes, incluyendo la educación y la calidad universitaria.
La equidad también necesita reglas claras: quién desee estudiar una misma carrera en cualquier universidad, antes debiera dar un mismo examen de selección (existen en Chile 3.600 carreras diferentes). Y quién administre dineros fiscales, antes debiera aceptar la misma fiscalización que la Contraloría ejerce sobre las 17 Universidades Estatales. Es decir, la equidad se obtiene exigiéndola efectivamente. Tal como... los impuestos. Sólo entonces se podrán comparar equitativamente las 59 universidades existentes en Chile, y opinar con más justicia sobre la calidad universitaria de la Universidad de Magallanes.
Le saluda muy atentamente,
Bedrich Magas Kusak
Ing. Civil Electricista
Universidad Técnica del Estado
Cartas al Director Diario La Prensa Austral
Lunes 28 de mayo de 2007
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